En un laberinto jurídico parece que se encuentra el empresario West Valdés, quien el 24 de enero de 2017 fue arrestado y extraditado desde República Dominicana al territorio nacional, tras una acusación de la Fiscalía Primera Anticorrupción de supuestas anomalías en el desembolso de 10 millones de dólares de la Caja de Ahorros para subsanar un vacío económico de 12 millones de dólares que enfrentaba la hoy desaparecida casa de valores Financial Pacific.
Después de tres años de un largo proceso judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Maribel Cornejo, María Eugencia López y José Ayú Prado, confirmó el sobreseimiento definitivo de los 39 imputados, incluido Valdés, en el proceso abierto por el Ministerio Público por las supuestas irregularidades que habría ocurrido con el préstamo de la Caja de Ahorros.
De hecho, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificaron la decisión legal asumida por el Juzgado XIV de Circuito Penal y del Segundo Tribunal de Justicia. También rechazaron un recurso de casación elevado por el Ministerio Público.
Durante la audiencia penal de este caso trascendió que la fiscal Tania Sterling jamás sustentó o probó su acusación, que daba a conocer que en 2012 se causó un perjuicio a la Caja de Ahorros al solicitarse un préstamo de 10 millones de dólares a la empresa HPC-Contratas, responsable de la edificación del Centro de Convenciones de Amador, con un desvío de esos recursos para supuestamente aliviar la situación económica de Financial Pacific.
Pese a que el máximo tribunal de justicia desestimó esta acusación contra todos los involucrados, el único que sigue bajo el laberinto del sistema judicial es el empresario West Valdés, a quien el Ministerio Público aún procesa por un caso relacionado a Financial Pacific.
El abogado Gilberto Cruz sostiene que su representado alcanza 4 años y siete meses de detención preventiva sin que hasta la fecha se haya comprobado ante los tribunales la comisión de algún delito punible.
Recordó que, en el caso de la Caja de Ahorros y demás acusaciones presentadas por el Ministerio Público, en ninguno ha sido penalmente responsable y que, a pesar de haber tramitado una batería de recursos legales, ha sido imposible obtener la libertad corporal de su defendido.
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