El Sistema Penal Acusatorio de Santiago, provincia de Veraguas, celebrará a las 4 de la tarde de este martes 27 de junio, una audiencia de afectación de derecho por la presunta desviación que hace el Ministerio Público en sus investigaciones tras una querella penal por peculado en perjuicio de la empresa Vados del Álamo, y que involucra una lesión patrimonial millonaria al Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
En la audiencia se someterá a evaluación los criterios del Ministerio Público, que ha utilizado la Ley 107 de 2013, que establece incentivos a la producción de granos, en vez de las pruebas aportadas y argumentos jurídicos para encausar penalmente a varias personas por los delitos de hurto agravado, falsificación de documentos y peculado, expuestas en la querella presentada por la sociedad anónima Vados del Álamo.
A petición de la empresa querellante se acogió la solicitud de audiencia para sustentar que la fiscalía, que desarrolla sus diligencias basada en las normas de incentivos, contenidas en la Ley 107, para la producción de grano de arroz, lo cual se alejaría del análisis jurídico que sustentan las evidencias aportadas por la parte acusadora en este caso.
Asimismo se explica que las resoluciones 192 y 193, emitidas MIDA, a raíz de la Ley 165 aprobada en la administración de Juan Carlos Varela, para el control de precios de la canasta básica alimentaria, e incluía frenar aumentos en el arroz de primera a los consumidores, también se desvían de las investigaciones que se requiere en este proceso legal.
Con estas resoluciones ministeriales se reconocía el pago B/.7.50 por quintal de arroz a los productores.
En tal sentido, una nota remitida a las autoridades de instrucción sumarial, destaca que se aportaron las evidencias y trámites realizados en la Contraloría de la República, que fijan el fundamento y normas de derecho aplicables para estos delitos que se exponen ante las instancias judiciales.
También se solicita al Ministerio Público enmendar el fundamento jurídico y que se oficie a la Dirección Nacional de Fidecomiso, con copia legible y autenticada, el expediente elaborado para que conste como prueba y sea embalado dentro de la cadena de custodia de evidencias, con el fin de acreditar los delitos denunciados.
Este proceso legal surgió tras descubrirse que un grupo de personas hurtó tiquetes de pesajes de la empresa Vados del Álamo para tramitar ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario el cobro de un subsidio de B/.7.50 por quintal de arroz, y que habría contado con la participación de funcionarios de esa institución.
En la querella penal se acusa a varias personas por delitos de hurto con abuso de confianza y falsificación de documento en perjuicio de Vados del Álamo y una lesión patrimonial que alcanzaría los 8 millones de dólares al MIDA.
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